El 28 de junio de 2022 el Tribunal de Justicia ha declarado que el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado legislador tras las reformas operadas en el año 2015 (Leyes 39/2015 y 40/2015) es contrario al Derecho de la UE. Esta sentencia obligará a una reforma del régimen y también abre la opción de reclamar daños a quienes, hasta la fecha, no cumplían con las condiciones que el Tribunal de Justicia ha declarado ilegales.
