ORDEN DE ALEJAMIENTO. MEDICIÓN DE LA DISTANCIA. LÍNEA RECTA. La distancia establecida en la prohibición de aproximación debe medirse en la forma en que determine la resolución que acuerda la medida y, en su defecto, en línea recta. La medida en línea recta se presenta como más segura, y no solo para la víctima, que puede establecer con facilidad los lugares a los que puede acudir sin necesidad de calcular la distancia a la que se encuentran los distintos puntos de diversos recorridos posibles. Sino incluso para el autor de los hechos, que podrá establecer con la misma facilidad, sobre plano, los lugares a los que no podrá dirigirse al quedar afectados por la prohibición. STS nº 691/2018 Penal 21/12/2018
DELITO CONTINUADO. CONDUCIR SIN PERMISO.
PERMISO CONDUCCIÓN CADUCADO. DELITO CONTINUADO. Considerando el cortísimo espacio temporal entre ambas acciones, apenas media hora, el aprovechamiento de la misma ocasión y el dolo unitario del autor, las infracciones deben penarse, excepcionalmente, en continuidad delictiva. En cualquier otra circunstancia, la solución debería ser el concurso real. STS nº 670/2018 Penal 19/12/2018
LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TESTIFICAL: ¿CÓMO FUNCIONA LA MEMORIA?
Juan Crua nos explica como funciona la memoria, como se integran los recuerdos. Estas son consideraciones importantes a la hora de valorar la prueba testifical.
Tiempo y forma de solicitud de la condena en costas en el proceso penal
En caso de sentencias absolutorias, para la condena a la acusación particular se exige la expresa petición previa en el trámite de conclusiones, no siendo efectivo hacerlo exclusivamente en el informe oral. Principio de rogación en el ámbito penal, sin que sea de aplicación el criterio general del vencimiento objetivo que rige en el proceso civil. La regla general en caso de absolución es la declaración de oficio de las costas; la excepción viene marcada por la apreciación de temeridad o mala fe.
NULIDAD IRPH
NULIDAD DE LA CLÁUSULA IRPH. FALTA DE TRANSPARENCIA. Se declara la nulidad de la cláusula IRPH por falta de transparencia, ya que no es suficiente con que los actores tengan noticia de la existencia de la misma en el contrato, sino que se requiere la acreditación de que se les ha brindado toda la información necesaria de forma clara, comprensible y detallada, para que conozcan su funcionamiento concreto y su relación con el resto del clausulado, destacando que se trata de una cláusula que incide en el precio del préstamo. SAP Salamanca nº 103/2018 Sección 1ª 19/03/2018
La STC 55/2018 declara la inconstitucionalidad y nulidad de algunos preceptos de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
La STC 55/2018 declara la inconstitucionalidad y nulidad de algunos preceptos de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en virtud del Recurso de inconstitucionalidad 3628-2016. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Declara la nulidad de preceptos relativos a los registros electrónicos de apoderamientos y los principios de buena regulación y que identifican los títulos competenciales habilitantes para la aprobación de la ley; inconstitucionalidad de los preceptos que regulan la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; interpretación conforme de la disposición relativa a la adhesión de las administraciones territoriales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado.
En concreto:
1º Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de las previsiones del párrafo segundo del artículo 6.4; los incisos “o Consejo de Gobierno respectivo” y “o de las consejerías de Gobierno” del párrafo tercero del artículo 129.4 y el apartado segundo de la disposición final primera.
2º Declarar que los artículos 129 (salvo el apartado cuarto, párrafos segundo y tercero), 130, 132 y 133 de la Ley 39/2015 son contrarios al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) de esta Sentencia.
3º Declarar que el artículo 132 y el artículo 133, salvo el inciso de su apartado primero “Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública” y el primer párrafo de su apartado cuarto, ambos de la Ley 39/2015, son contrarios al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 c) de esta Sentencia.
4º Declarar que la disposición adicional segunda, párrafo segundo, de la Ley 39/2015 no es inconstitucional interpretada en los términos del fundamento jurídico 11 f) de esta Sentencia.
Puede acogerse a la dispensa del deber de declarar el familiar que cesa como acusación particular (Diario La Ley, Nº 9222, Sección La Sentencia del día, 20 de Junio de 2018).
Puede acogerse a la dispensa del deber de declarar el familiar que cesa como acusación particular
Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sentencia 25 Abr. 2018
Diario La Ley, Nº 9222, Sección La Sentencia del día, 20 de Junio de 2018, Editorial Wolters Kluwer
Alcance de la dispensa legal del art. 416 LECrim. Aplicación del nuevo Acuerdo del Pleno TS de 23 Ene. 2018. Puede acogerse a ella quien habiendo ejercitado la acusación particular en el mismo proceso se ha apartado de él en el momento de la declaración. Imposibilidad de valorar anteriores declaraciones si el testigo-familiar se acoge a la dispensa en el juicio oral.
Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 205/2018, 25 Abr. Recurso 231/2017 (LA LEY 40253/2018)
En el caso, la AP absolvió al acusado por los delitos de malos tratos y abusos sexuales imputados por falta de prueba suficiente. La denunciante –su pareja- se había acogido en su propio nombre y en el de sus hijos menores a la exención a declarar, por lo que la Audiencia consideró inviable la posibilidad de valorar sus declaraciones incriminatorias prestadas en instrucción.
Disconforme el Fiscal, interpone recurso de casación aduciendo primeramente el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional del TS de 24 Abr. 2013 (LA LEY 95807/2013) a tenor del cual la dispensa prevista en el art. 416 LECrim (LA LEY 1/1882) no debe amparar a quien se ha constituido como acusación particular. En este caso tanto la pareja como los hijos comunes habían estado personados como acusación, aunque se habían apartado de esa posición tiempo antes.
Decía tal acuerdo: «La exención de la obligación de declarar prevista en el art. 416.1 LECrim. (LA LEY 1/1882) alcanza a las personas que están o han estado unidas por alguno de los vínculos a que se refiere el precepto. Se exceptúan: a) La declaración por hechos acaecidos con posterioridad a la disolución del matrimonio o cese definitivo de la situación análoga de afecto; b) Supuestos en que el testigo esté personado como acusación en el proceso».
Haber actuado como acusación en alguna de las fases procesales ¿implica la desaparición de la dispensa del deber de declarar?
La cuestión controvertida es, por tanto, si la proclamada excepción a la dispensa a declarar solo alcanza al pariente que sigue ejercitando la acusación en el momento en que ha de prestarse la declaración, o se extiende a cualquiera que haya estado personado en tal calidad. Es decir, si es exigible, para el decaimiento de la dispensa del art. 416 LECrim. (LA LEY 1/1882) la actualidad de la personación como acusación particular; o si, por el contrario, una vez personada, hay que entender que la víctima ha renunciado definitivamente a esa dispensa, para ese momento y para el futuro.
La controversia resulta especialmente relevante en el ámbito de violencia doméstica y de género donde es frecuente que la víctima actúe personada como acusación en el inicio del proceso, optando después por no continuar con la acción.
Pues bien, el Fiscal, en sintonía con el Pleno anterior citado entiende que la previa personación como acusación particular canceló de manera definitiva la posibilidad de acogerse a la dispensa regulada en el art. 416 LECrim (LA LEY 1/1882) respecto a los testigos cuya declaración interesaba (ex-pareja e hijos). No lo entiende así la Sala de instancia que la niega.
Alcance de la dispensa legal del art. 416 LECrim: nuevo Acuerdo del Pleno TS de 23 Ene. 2018.
El debate, así planteado, ha dado lugar a un nuevo Pleno no jurisdiccional de esta Sala Segunda (LA LEY 4405/2018) en el que se aprobó por unanimidad la siguiente conclusión:
1.- El acogimiento, en el momento del juicio oral, a la dispensa del deber de declarar establecida en el art. 416 LECRIM (LA LEY 1/1882) , impide rescatar o valorar anteriores declaraciones del familiar-testigo aunque se hubieran efectuado con contradicción o se hubiesen efectuado con el carácter de prueba pre constituida.
2.- No queda excluido de la posibilidad de acogerse a tal dispensa (art. 416 LECRIM (LA LEY 1/1882) ) quien, habiendo estado constituido como acusación particular, ha cesado en esa condición.
Por tanto, la Sala considera que hay que dar la razón a la Audiencia y concluir que su decisión de permitir a las víctimas acogerse a la dispensa del art. 416 LECrim (LA LEY 1/1882) , pese a haber estado personadas como acusación particular, fue correcta en la medida en que habían abandonado ya esa posición procesal de parte acusadora.
Y la facultad contemplada en el art. 416 LECrim (LA LEY 1/1882) implica no solo que se respete la voluntad de no declarar, haciendo decaer una obligación que subsiste para el resto de ciudadanos; sino también que no se hagan valer las posibles manifestaciones previas de la testigo contra su explícita opinión. Es decir, que el acogimiento a la dispensa neutraliza y abole la capacidad probatoria de la prueba preconstituida, que no puede ser usada para burlar la voluntad de la víctima -familiar que libremente exterioriza su negativa tanto a prestar testimonio como, por ende, a que testimonios precedentes puedan ser usados en contra del acusado-.
El nuevo Acuerdo interpreta de la forma más amplia posible lo que es un derecho constitucional personalísimo, impidiendo que pueda éste recortarse interpretativamente sin un fundamento claro, preciso e indiscutible.
No hay razones plausibles –explica el TS- para derivar de una personación como acusación particular, en un momento dado, la renuncia definitiva e irrevocable a acogerse a la dispensa. Podrá exigirse a quien se acoge a la dispensa que renuncie a ejercer una acusación a la que pone dificultades y trabas; pero no que por haber ostentado en algún momento la condición de acusación particular se vea ya despojado de ese derecho constitucional; al menos mientras que el legislador no prevea otra cosa. Tampoco sería aceptable una renuncia de futuro a ese privilegio. Puede hacerse uso «in actu» de la dispensa o no: en esa medida es un derecho renunciable. Pero no cabe la renuncia proyectada al futuro, por muy informada que sea esa renuncia.
Dispensa a declarar de menores de edad
Finalmente, aduce también la Sala que el acogimiento a la dispensa es una facultad personalísima tanto del ya mayor de edad como del menor ya maduro. En el caso de los menores, confluyen todavía más razones para esa solución. La decisión de personarse en su nombre la adoptó, en el supuesto de autos, la madre como legítima representante legal. Alcanzada la mayoría de edad o un estado de madurez suficiente para decidir personalmente sobre la posibilidad de acogerse o no a la dispensa, la previa opción de la madre no les puede privar de la capacidad de elegir por sí mismos si quieren o no acogerse a la dispensa.
La sentencia cuenta con el voto particular del Excmo. Sr. Magistrado D. Antonio del Moral Garcia.
