El TS aclara los efectos de la nulidad de cláusulas de vencimiento anticipado de las hipotecas

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha decidido en su sentencia del Pleno núm. 463/2019, por unanimidad, acerca de los efectos derivados de la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios, en línea con lo planteado en su día al TJUE y lo resuelto por este.

En aplicación de los criterios facilitados por el TJUE para determinar si es posible la subsistencia del contrato, la Sala entiende que el préstamo hipotecario es un negocio jurídico complejo, cuyo fundamento común para las partes es la obtención de un crédito más barato (consumidor) a cambio de una garantía eficaz en caso de impago (banco). De este modo, no puede subsistir un contrato de préstamo hipotecario de larga duración si la ejecución de la garantía resulta ilusoria, por lo que, en principio, la supresión de la cláusula que sustenta esa garantía causaría la nulidad total del contrato.

Ahora bien, esa nulidad total expondría al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, como la obligación de devolver la totalidad del saldo vivo del préstamo, la pérdida de las ventajas legalmente previstas para la ejecución hipotecaria o el riesgo de la ejecución de una sentencia declarativa.

Para evitar estas consecuencias, el TJUE ha admitido que la cláusula abusiva se sustituya por la disposición legal que inspiró las cláusulas de vencimiento anticipado, en referencia al art. 693.2 LEC en su redacción del año 2013. No obstante, la Sala ha considerado más lógico, en el momento actual, tener en cuenta la nueva Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), como norma imperativa más beneficiosa para el consumidor.

Por último, la Sala facilita las siguientes orientaciones jurisprudenciales para los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido todavía la entrega de la posesión al adquirente:

1.- Los procesos en que el préstamo se dio por vencido antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.

2.- Los procesos en que el préstamo se dio vencido después de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, si el incumplimiento del deudor no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia, teniendo en cuenta como criterio orientador el art. 24 LCCI, deberían ser igualmente sobreseídos. Por el contrario, si el incumplimiento del deudor reviste la gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación.

3.- El sobreseimiento de los procesos no impedirá una nueva demanda ejecutiva basada, no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de LCCI.

 

Rechazar la tramitación de un escrito por error al cargar los datos del formulario LEXNET vulnera la Tutela Judicial, según el TC.

 

El Constitucional otorga el amparo a una mujer que vio rechazado su escrito de impugnación al recurso de casación presentado por la contraparte, porque se cometió un error al seleccionar el código del procedimiento. La Sala recuerda que el formulario electrónico normalizado tiene un papel accesorio, y no es condicionante de la validez del escrito procesal remitido.

STC 55/2019 LEXNET

La e-justicia ya es una realidad. Las nuevas tecnologías facilitan al profesional el intercambio seguro de información con las oficinas judiciales y los distintos operadores legales. Pero no debemos olvidar que toda esta modernización no es un fin en sí mismo -como bien ha dicho el Constitucional- sino que son tan solo una ayuda para facilitar el trabajo a todos los agentes que intervienen en la Administración de Justicia.

Por ello los errores en la utilización de herramientas tecnológicas como LexNet no pueden condicionar la validez de un escrito procesal que es correcto en sí mismo, y que ha sido entregado dentro de plazo. No puede ser un impedimento a la tutela judicial efectiva. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en una reciente sentencia (STC 55/2019, de 6 de mayo) por la que otorga el amparo a una ciudadana que vio vulnerado su derecho fundamental a causa de un mero error al escribir el código cuando se cargaron los datos del formulario normalizado que debe cumplimentarse al usar la plataforma.

Antecedentes

La recurrente en amparo había demandado a su empresa por despido objetivo, derivado de un ERE. El juzgado de lo social estimó su demanda, confirmada luego por el Tribunal Superior de Justicia correspondiente. La empresa -Bankia- interpuso recurso de casación, dándose traslado posteriormente a la recurrente para impugnar el recurso en un plazo de 15 días. Y aquí es donde comienzan los problemas.

El representante procesal presentó el escrito de impugnación, consignando en el campo “tipo de procedimiento: Casación laboral (Código 001), en lugar de “Unificación de Doctrina (Código 008). La plataforma no dio ningún tipo de error. El justificante se emitió correctamente.

Esta simple equivocación tuvo como consecuencia que, transcurrido el plazo, el Letrado de la administración de justicia dictara diligencia de ordenación consignando que el plazo había transcurrido sin que la impugnación del recurso se hubiera verificado.

Contra esta resolución se interpuso recurso de reposición, que fue rechazado, pues aunque el escrito se había interpuesto dentro del plazo, el error cometido implicaba que no se había “presentado en forma”.

Errores del escrito en la identificación del número de procedimiento

El Constitucional comienza examinando la jurisprudencia existente sobre la posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva si alguna de las partes comete un error al identificar el número de procedimiento.

A este respecto cita sentencias como la STC 79/2006, de 13 de marzo (LA LEY 23354/2006), señalando como circunstancias a tener en cuenta, la existencia de otros datos en el escrito que permitan la identificación del proceso. Si la equivocación es determinante para la incorporación o no al procedimiento, la parte es responsable; pero si constan otros datos que sí permitan la identificación, la responsabilidad se desplaza al órgano judicial. Por ejemplo, la identificación es suficiente cuando se exprese correctamente en el cuerpo o en el suplico del escrito (STC 37/2003 de 25 de febrero (LA LEY 1341/2003)).

¿Y en el caso de las comunicaciones electrónicas con la Administración de Justicia?

La Sala señala que el sistema Lexnet ofrece la garantía de la autenticidad y constancia fehaciente del envío y recepción de los datos de comunicación. Y una de esas garantías es el modo de acreditar la presentación de los escritos procesales. Varios artículos de la LEC y la Ley 18/2011 (LA LEY 14138/2011)establecen formas de actuar cuando hay interrupciones del servicio, o contemplan soluciones para el caso de que haya documentos que “pesen” demasiado y el sistema no soporte su carga, por ejemplo.

Pero, si aterrizamos en el caso, NINGUNA norma regula el tratamiento de los posibles errores cometidos al cargar los datos en las distintas casillas que trae el impreso normalizado. Lo único que se exige es que se carguen los datos obligatorios. Es decir que el sistema no verifica en ese momento si los datos son fidedignos.

este error NO puede condicionar por sí sola la validez del acto de comunicación correctamente realizado. El procurador cometió un error al seleccionar el código del procedimiento, pero el sistema no dio ningún aviso de error, y además recibió un acuse de recibo válido. El sistema es pues, poco claro y confuso.

El uso de las nuevas tecnologías no es un fin en sí mismo

El Constitucional es claro en este punto. El uso de los medios tecnológicos son un instrumento, y no un fin, que facilita el trabajo de los profesionales que intervienen en el proceso. El formulario que hay que rellenar tiene un papel accesorio, para facilitar la comunicación electrónica, pero no es condicionante de la validez del escrito. En el escrito de impugnación venía perfectamente determinado el procedimiento de referencia “casación para la unificación de doctrina”, relativo a la resolución dictada por el TSJ Cataluña, con su número de suplicación también correctamente designado. Por tanto No hubo error en el escrito.

Vulneración del derecho a la Tutela Judicial Efectiva

La Sala concluye que las resoluciones impugnadas, dictadas por el letrado de la administración de justicia, indicaron que no era válida la presentación del escrito de impugnación.

Esto tuvo como consecuencia que la parte no tuvo la oportunidad de atacar la pretensión de la parte contraria, no pudo defenderse, ni pudo dar argumentos jurídicos para que se confirmara la sentencia recurrida. Hubo pues, vulneración de la tutela judicial.

Por ello la Sala estima el recurso de amparo y declara la nulidad de la diligencia de ordenación dictada por el letrado de la administración de justicia. Y manda retrotraer las actuaciones para que se provea al escrito de impugnación en términos respetuosos con su derecho fundamental.

 

Responsabilidad civil de los padres de un menor que agredió a otro causándole lesiones

Previa discusión en el recreo, el menor, de 13 años, se arrojó desde un muro encima del compañero, causándole una fractura en la pierna. Al Audiencia confirma la sentencia de instancia, por lo que los progenitores deberán indemnizar con 5.785,91 euros al niño lesionado al advertirse falta de diligencia en el ejercicio de su potestad, esto es, en una educación que pueda prevenir conductas tan violentas o manifestaciones incívicas.

APB, Sección 17ª, S 827/2018, 21 Nov. 2018 (Rec. 1159/2017)

El artículo 1902 del Código Civil (LA LEY 1/1889)establece la obligación de responder y reparar el daño causado cuando, por acción u omisión, se causa daño a otro. El artículo 1903 determina que los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda y los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía. Se trata de a culpa propia de los progenitores por omisión de los deberes de vigilancia y control de los hijos menores de edad. Esta responsabilidad cesa si acreditan que se empleó la diligencia de “un buen padre de familia” para prevenir el daño.

Esta sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona el 21 de noviembre de 2018 (LA LEY 177475/2018) confirma la condena impuesta a unos padres, que deberán indemnizar a un menor por las lesiones que su hijo de 13 años le causó en una discusión en el patio de recreo del colegio.

Falta de diligencia de los padres del agresor

Tras una discusión durante el recreo de la mañana, el hijo de los demandados, tras pedir al compañero que se acercara, saltó sobre él desde un muro con una sobreelevación de 0,50 metros, cayendo sobre su pierna y causándole una fractura de tibia izquierda.

Interpuesta demanda de responsabilidad civil, el juzgado de primera instancia da la razón a los padres demandantes y condena a los demandados a pagar 5.785,91 euros, teniendo en cuenta que fueron necesarios 19 días de hospitalización.

Los padres del agresor alegaron que el niño de 13 años no era consciente de la trascendencia en su actuación, por lo que no sería responsable y que en todo caso el niño solo se defendió de una agresión, siendo la lesión fruto de un forcejeo en el suelo.

El Juzgado consideró sin embargo que no se había acreditado en ningún momento, ni por testigos presenciales ni por ningún otro medio que el lesionado desplegara conducta violenta alguna antes o durante la agresión de la que fue víctima.

Recuerda a los padres demandados que el hecho de la falta de capacidad del hijo para conocer las consecuencias de su acción no impide en modo alguno la condena a los padres con arreglo al artículo 1.903 del Código Civil (LA LEY 1/1889), pues la responsabilidad dimana de la culpa del padre, madre o tutor por omisión de su deber de vigilancia. Y en este caso la acción del niño puso en evidencia una grave falta de diligencia en el ejercicio de la patria potestad, al no haber contribuido con medidas de educación para prevenir conductas tan violentas e incívicas.

La Audiencia confirma plenamente la condena del juzgado

El recurso de apelación interpuesto por los demandados es desestimado. Uno de los motivos del recurso era la errónea valoración de la prueba pericial acerca de la realidad de los hechos relatados por los padres demandantes.

Sin embargo la Sala hace propios los argumentos del juzgado. El interrogatorio del perito médico fue definitivo, pues dejó claro que el tipo de fractura que sufrió el niño no era compatible con un forcejeo o simple caída en el suelo. Consideró más factible que la fractura tibial se causara cuando estando la pierna del niño en mala posición le cayera un peso encima desde cierta altura.

En cuanto a la responsabilidad de los padres, confirma igualmente lo dicho, citando las sentencias del Supremo que precisaron en este aspecto que «el art. 1903 contempla una responsabilidad por riesgo o cuasi objetiva, justificándose por la trasgresión del deber de vigilancia que a los padres incumbe sobre los hijos sometidos a su potestad con presunción de culpa en quien la ostenta, y con la inserción de ese matiz objetivo en dicha responsabilidad, que pasa a obedecer a criterios de riesgo en no menor proporción que los subjetivos de culpabilidad, sin que sea permitido ampararse en que la conducta del menor, debido a su escasa edad y falta de madurez, no pueda calificarse de culposa, pues la responsabilidad dimana de culpa propia del guardador por omisión del deber de vigilancia”».

La Audiencia desestima la apelación y confirma la condena impuesta a los padres, quienes además deberán hacer frente a las costas del recurso. La sentencia es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

 

Condena al centro docente a pagar 4.000€ por no controlar la asistencia de una alumna al comedor escolar

Audiencia Provincial Barcelona, Sentencia 522/2018, 7 Dic. Recurso 481/2017 (LA LEY 181031/2018)

Existe prueba suficiente de la negligencia del centro en el control de las ausencias de la alumna al comedor, pero no del acoso escolar que alega la madre como detonante de esas ausencias.

La demandante, madre de una alumna del centro escolar demandado, reclama a éste el pago de una indemnización por los daños causados a su hija como consecuencia de haber sufrido acoso escolar (bullying) por parte de compañeras de clase, así como por la anorexia que padece alegando falta de control de la asistencia al comedor escolar y de la ingesta de alimentos.

Pese a conocer los padres de la menor la existencia del acoso escolar desde varios cursos antes, no lo pusieron en conocimiento del centro, ni denunciaron la situación ante cualquier otra instancia, ni consultaron con algún psicólogo u otro profesional especializado pese a advertir la tristeza de la menor y ciertos altibajos en su estado de ánimo.

Asimismo, el acoso escolar alegado no resulta de la documentación aportada por el centro ni, en concreto, de las fichas de tutoría. Los profesores niegan haber apreciado o conocido, antes de la presentación de la demanda, que la menor padeciera acoso escolar y manifestaron que sus padres nunca les comentaron que lo sufriera. Señala la sentencia que no hay motivos para dudar de la veracidad de las declaraciones prestadas por los testigos.

A la vista de toda la prueba practicada la Audiencia concluye que no puede establecerse una actuación de hostigamiento o de exclusión dirigida particularmente hacia la hija de los actores, sino más bien un clima general de mala convivencia y de comentarios inapropiados de unos alumnos a otros.

Por lo que respecta a la falta de control de la asistencia de los alumnos al comedor del centro y de la ingesta de alimentos, estando la menor en régimen de media pensión, varias alumnas manifestaron que el sistema de vigilancia del comedor no era efectivo. Una de ellas fue quien alertó al colegio sobre la no asistencia de la menor al comedor.

La sentencia considera suficientemente acreditada la falta de asistencia de la menor al comedor escolar durante un periodo de tiempo, que establece en torno a un año. Sin embargo, no declara probada la realidad de la demora del colegio en comunicar el problema a la familia, una vez tuvo conocimiento de ello.

La Audiencia declara que no puede imputarse al colegio el trastorno alimentario diagnosticado a la menor.

No se trata de un internado, conviviendo la menor con su familia fuera del horario escolar y sin que conste que se llevara a cabo actuación alguna pese a los signos de alarma que presentaba. Si para sus compañeras su delgadez era motivo de alarma, tenía que serlo también para sus familiares, máxime con los antecedentes del incremento del peso de la niña y que, según se alega en la demanda, había motivado conductas de bullying de algunas compañeras de clase.

En conclusión, la Audiencia Provincial de Barcelona no estima probado el acoso escolar de la menor detonante del trastorno alimentario, ni la demora negligente del colegio en la comunicación a la familia del problema detectado. Sin embargo, sí considera acreditadas sus inasistencias al comedor del colegio, lo que implica una negligencia por parte de la entidad demandada en el cumplimiento del contrato, pues es evidente que sus medidas de control fueron insuficientes, condenándole al pago de una indemnización que fija en 4.000 euros por los daños patrimoniales y morales causados.

 

Un segundo “round” con la disposición transitoria tercera de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Disposición transitoria tercera Régimen especial en los procesos de ejecución en curso a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social

1. En los procedimientos ejecutivos en curso a la entrada en vigor de esta Ley en los que al entrar en vigor la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, hubiera transcurrido el periodo de oposición de diez días previsto en el artículo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las partes ejecutadas dispondrán nuevamente del plazo señalado en dicho artículo para formular un incidente extraordinario de oposición basado en la existencia de las causas de oposición previstas en el apartado 7.ª del
artículo 557.1 y 4.ª del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. Dicho plazo preclusivo se computará desde el día siguiente a la notificación de la resolución por la que se comunique a las partes ejecutadas la posibilidad de formular incidente extraordinario en los términos indicados en el apartado anterior. Esta notificación deberá realizarse en el plazo de quince días naturales a contar desde la entrada en vigor de esta Ley.
3. La formulación del incidente de oposición tendrá como efecto la suspensión del curso del proceso hasta la resolución del incidente, conforme a lo previsto en los artículos 558 y siguientes y 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. Este artículo se aplicará a todo procedimiento ejecutivo que no haya culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que en su día no se hubiera notificado personalmente al ejecutado de la posibilidad de formular un incidente extraordinario de
oposición basado en la existencia de las causas de oposición previstas en el apartado 7.ª del artículo 557.1 y 4.ª del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni se hubiera formulado por el ejecutado incidente extraordinario de oposición, conforme a lo recogido en la Disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, ni se hubiere admitido la oposición del ejecutado con base en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de octubre de 2015 o cuando el juez de oficio ya hubiera analizado la abusividad de las cláusulas contractuales.

El TS fija doctrina sobre la responsabilidad por daños materiales en accidentes de tráfico cuando no puede determinarse el grado de culpa de cada conductor

TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CIVIL, SENTENCIA 27 MAYO 2019

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sentencia 294/2019, 27 May. Recurso 2999/2016

En el presente litigio se ejercita acción resarcitoria de daños materiales derivados de un accidente de tráfico causado por la colisión frontal entre dos vehículos en un cruce regulado por semáforos.

El Juzgado de Primera Instancia estimó parcialmente la demanda pero la Audiencia Provincial revocó la sentencia y desestimó la demanda al no haberse podido probar cuál de los dos conductores no respetó el semáforo en rojo, de modo que la parte demandante debía soportar las consecuencias de la falta de prueba de que la colisión se hubiera debido a la culpa del conductor demandado.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación de los demandantes y les reconoce el derecho a indemnización pero reduce a la mitad las acordadas en la sentencia de primera instancia.

Para los casos de daños personales a consecuencia de una colisión recíproca entre vehículos sin prueba del grado de culpa de cada conductor, el Alto Tribunal ya declaró en la sentencia 536/2012, de 10 de septiembre, que ambos conductores responden del total de los daños personales causados a los ocupantes del otro vehículo con arreglo a la doctrina llamada de las indemnizaciones cruzadas.

Ahora fija doctrina para los casos de daños en los bienes por colisión recíproca sin determinación del grado o porcentaje de culpa de cada conductor.

Señala que caben tres posibles soluciones: (i) que cada conductor indemnice íntegramente los daños del otro vehículo; (ii) que las culpas se neutralicen y entonces ninguno deba indemnizar los daños del otro vehículo; y (iii) que cada uno asuma la indemnización de los daños del otro vehículo en un 50%.

De entre ellas la Sala considera que la tercera solución es la más coherente con la efectividad de la cobertura de los daños en los bienes por el seguro obligatorio de vehículos de motor, pues cualquiera de las otras dos o bien podría privar por completo de indemnización, injustificadamente, al propietario del vehículo cuyo conductor no hubiera sido causante de la colisión pero no hubiese logrado probar su falta de culpa, o bien podría dar lugar a que se indemnice por completo al propietario del vehículo cuyo conductor hubiera sido el causante de la colisión pero sin que exista prueba al respecto.